Ampliación del plazo de entrada en vigor de parte de la Ley 39/2015

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Ampliación del plazo de entrada en vigor de parte de la Ley 39/2015

Mensaje por gustavo » 05 Dic 2018, 11:56

El pasado 31 de agosto de 2018, se publicaba en el BOE el Real Decreto 11/2018 de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No es la primera vez que se aprovecha el paso del Pisuerga por Valladolid para cambiar leyes que no tienen nada que ver con la materia que regula, cobrando una nueva vida las disposiciones adicionales que han pasado así de ser los mecanismos para incluir cuestiones transversales en la ley como consecuencia de la interrelación del ordenamiento a ser un cajón de sastre para incluir los despistes, medidas de última hora o cualquier otra circunstancia que se quiera, como ya pasaba con las leyes de acompañamiento que fueron duramente criticadas por el Tribunal constitucional (valga por todas la STC 76/1992, de 14 de mayo). Así la verdadera denominación de la ley debiera incluir la locución y ya de paso... para evidenciar esta forma de actuar.

En todo caso, sea como sea, lo cierto es que este Real Decreto aplaza la entrada en vigor completa de la Ley 39/2015, afectando por ello de lleno en el ámbito del registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.

No se trata en este foro de participación criticar por criticar la realidad en la que se ampara la norma y de hecho esta reflexión va orientada en tres sentidos, el de la oportunidad de la medida, el de su forma de aparecer en la vida pública y en alguna de las inconcreciones de la ley a la que modifica.

Respecto de la primera de ellas, sin duda que la medida es oportuna puesto que los cambios que la ley 39/2015 plantea, no son asumibles en un corto espacio de tiempo y en una situación financiera en la que las inversiones en informática, como en cualquier otra rama de actividad del servicio público, son complicadas. Además, pese a la bondad de los Reales Decretos 3 y 4 de 2010, por los que se aprobaban los esquemas nacionales de seguridad y sobre todo de interoperabilidad, lo cierto es que ni la Administración General del Estado ni la autonómica han conseguido alcanzar esta variable tan importante en una administración electrónica al nivel de desarrollo real de la Ley 39/2015.

Siempre he manifestado que esta ley (platónica en su finalidad), requería de muchos años para su desarrollo por varios motivos entre los que destacaba la necesidad de modificar la conducta de los propios empleados/as y por que la administración electrónica exige que todos caminen de la mano sin que existan disfunciones entre el desarrollo informático de una administración frente a otra, y respetando la competencias de cada administración (STC de 24 de mayo de 2918). Si además añadimos la parquedad informática de la Junta de Andalucía y el enorme desarrollo del Estado, creo que mi argumento se asegura aún más.

Se me podrá contraponer que la Agencia Tributaria ya ha alcanzado un altísimo nivel de desarrollo informático y nadie se queja, pero se puede oponer a ese argumento que los distintos Ayuntamientos y Diputaciones no pueden trabajar de forma ajena a la realidad conjunta de sus medios y de sus ciudadanos , elementos éstos con enormes diferencias entre sí.

Por lo tanto la medida tiene tanta lógica y sentido como escueta es su justificación en la exposición de motivos del Real Decreto 11/2018.
En cuanto a la segunda cuestión, mi opinión es totalmente negativa por la fecha de su aparición, por la forma y porque la misma no aporta más que solución temporal a un problema estructural de la Administración, que no es otro que su visceral oposición a la planificación estratégica a medio plazo, cuestión ésta en la que los directivos públicos están obligados a intervenir por ser un problema de política pública evidente. No basta solo con tener informáticos, sino que hay que tener políticas de administración electrónica, y no solo ordenanzas sino esquemas de trabajo y capacidad de adopción de medida de indudable interés político y administrativo, con especial incidencia en el procedimiento y en la calidad de los servicios. Esta medida debía venir acompañada de medidas que favorezcan la integración, con orden temporal de adopción de medias de interoperabilidad, como es la declaración política con evidentes efectos jurídicos de no aceptar un solo papel en los registros de la AGE provenientes de las administraciones locales, ofrecimientos de formación en las herramientas puestas a disposición del os municipios en el portal de entidades locales del Estado o medidas de apoyo a la FEMP, FAMP y resto de organismos. La obligatoriedad de la informatización municipal es un problema incluida en todas las agendas políticas de todas las administraciones y el análisis de las alternativas y la implementación de estas medidas incumben de modo claro a los directivos que deben aportar ideas razonables para no perder ese tren y no esperar a que en 2020 tengan que volver a prorrogar la entrada en vigor de la totalidad de la ley.

Finalmente, me sorprende que la Ley obligue a la tramitación electrónica de los expedientes pero facilite el papel otros dos años más, me llena de tristeza que exista la administración 24 horas pero continuemos con la diferencia entre días hábiles y naturales y además eliminemos los sábados. Acongoja saber que los expedientes deben ser purgados con posibilidad legal de eliminar elementos que pueden hacer conocer el sentido de la resolución. Me indigna pensar que el ejercicio de los derechos a la tramitación electrónica están vedados por la incapacidad municipal, autonómica o estatal de interconectar los registros de la administración y me entristece que cada municipio vaya por su cuenta y riesgo sin uniformidad en sus implementaciones por que es preferible racionalizar las subvenciones en acciones concretas permitiendo que cada municipio las solicite en función de su desarrollo propio, pero coordinando con el resto. No vale de excusa en este caso la alusión al autonomía municipal, sino que estamos ante medida de enorme calado en el conjunto de las administraciones y ello exige remar en el mismo sentido. Y apenas entiendo por qué hablamos de expediente electrónico, si el registro, por el que empiezan los expedientes a instancia de parte no es electrónico hasta 2020 como poco.

Hasta aquí han llegado mis reflexiones. Opiniones que he compartido con quienes han accedido a leerlas. Cierto es que la participación ha sido exigua y en eso asumo toda la responsabilidad. He intentado compartir con quienes forman parte de esta Comunidad elementos de debate que creo que nos podrían haber beneficiado mutuamente. Gracias en primer lugar al CEMCI y a su Directora en funciones, Alicia Solana por la confianza depositada. A todo el equipo del CEMCI a Antonio, Rosa, Nieves... y al resto de personas que son el CEMCI y que hacen cada día que ese Centro continúe siendo un referente de la formación de empelaodos/as públicos/as. A quienes han leído los escritos que se han publicado y a los que no lo han hecho.. Ha sido para mí un esfuerzo del que siempre estaré orgulloso aun cuando no me hayan acompañado los resultados. De todo se aprende siempre.

Un abrazo

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